Fernando de Rosa, Vicepresidente del CGPJ, cree necesario un incremento considerable del número de Jueces

El día 19 de julio de 2011, se ha publicó, en el diario La Razón, un artículo de Fernando de la Rosa, en el cual el autor opina que se debe incrementar el número de jueces españoles, de tal manera que España se vaya acercando a la media europea de jueces por habitante.

 

Artículo que considero de relevancia para la comunidad opositora a la judicatura, máxime cuando han surgido rumores dispares sobre la suerte de la publicación del proceso selectivo correspondiente a 2012. A continuación transcribo íntegramente dicho artículo, resaltando lo que, a mi entender, tienen mayor interés.

TRANSFORMANDO LA JUSTICIA

Dentro del proceso de transformación que estamos viviendo actualmente en la Justicia española, es una cuestión que no permite controversia alguna, el hecho de que se debe incrementar el número de jueces españoles, de tal manera que España se vaya acercando a la media europea de jueces por habitante. Estamos asistiendo a un incremento exponencial del número de procedimientos que deben resolver los órganos judiciales y. sin embargo, pese a este aumento de la litigiosidad, (los asuntos han aumentado en un 150% en los últimos diez años), el incremento de jueces ha sido únicamente del 25%, pasando de 3.917 jueces en 1999 a 4.984 en 2010. Efectivamente, las estadísticas son abrumadoras: por cada 100.000 habitantes hay 10,6 jueces, muy por debajo de la media europea, que ronda los 20 jueces.

Estos datos ponen de manifiesto, la necesidad de acometer una profunda reestructuración de la planta judicial y un incremento considerable de jueces. Así, en el último estudio elaborado por el CGPJ se han identificado cerca de 500 plazas de perentoria necesidad de creación, atendiendo a la sobrecarga de trabajo que soportan determinados partidos judiciales, a la que hasta ahora se ha hecho frente con la dedicación y entrega de la carrera judicial, pero que no se puede perpetuar en el tiempo indefinidamente.

Sin embargo, la realidad es que el presupuesto en Justicia respecto al PIB representa tan sólo un 0,37% o lo que es lo mismo, el conjunto del Estado destina tan sólo 82,3 euros por habitante a la Justicia. Destacar que más de un 6% de este presupuesto global, se destina a pagar la justicia gratuita, concretamente más de 237 millones de euros. Por ello, hay que continuar trabajando para lograr que la agilización de la Justicia y su modernización tecnológica sea una prioridad para un Estado de Derecho como el nuestro, y más teniendo en cuenta que las encuestas realizadas entre los ciudadanos muestran un gran porcentaje de descontentos con respecto al funcionamiento de la Administración de Justicia. No resulta comprensible para la ciudadanía que los poderes públicos no doten a la Justicia de recursos económicos que, como mínimo, estén al nivel de los que disponen otras administraciones públicas. Hay que concienciarse de que la Justicia es un servicio esencial del Estado y, por tanto, su tratamiento presupuestario se debe equiparar al de Educación o al de Sanidad. Hay un dato que resulta muy esclarecedor sobre la relación directa que tiene invertir en Justicia con contribuir a luchar contra la crisis: durante 2010 las cuentas de consignaciones judiciales han movido más de 13.900 millones de euros (ingresos y mandamientos de devolución), pero sin embargo no somos capaces de sacar al mercado una cantidad media aproximada de 3.300 millones de euros que permanecen bloqueados en las cuentas de los juzgados. La conclusión es clara: cuanto más se invierta en Justicia más retorno de la inversión se producirá en la sociedad. Y dentro de este proceso de transformación de la Justicia que estamos viviendo, no se pueden obviar, como pieza angular, las necesidades reales del juez, que finalmente, mediante la oportuna sentencia, tiene que dar solución a los problemas que le presentan los ciudadanos. Desde este enfoque, el diseño de cualquier Plan de Modernización que se realice debe incluir la figura del “juez tecnológicamente avanzado” dotándole de un sistema que, desde su punto de vista, incluya funcionalidades que de un solo vistazo le permita controlar el estado de todos los procesos de su competencia y así poder tomar decisiones de mayor calidad y con más rapidez.

Si entendemos que la Justicia es uno de los valores superiores del Estado Social y Democrático de Derecho, es necesario que se considere a la misma como uno de los servicios públicos esenciales de una sociedad desarrollada como la nuestra, donde la judicialización y el incremento de la litigiosidad son constantes y donde la ciudadanía demanda de la Justicia una mayor celeridad, eficacia y eficiencia en la resolución de las causas y controversias judiciales.

Como valor superior del Estado Social y Democrático, se debe alcanzar una verdadera Administración de Justicia única en todo el territorio nacional, para lo cual debemos servirnos de las nuevas tecnologías, de manera que los distintos sistemas de información procesal existentes en la actualidad puedan interconectarse entre sí, posibilitando una mejor gestión de la Justicia.

Es evidente que no es un camino corto ni tampoco fácil de recorrer. Hay muchas cosas que perfeccionar y muchas que corregir para situar a la Justicia en el punto que le corresponde. Todos lo que trabajamos en la Administración de Justicia debemos dirigir nuestros esfuerzos en la misma dirección para conseguir el objetivo de que el ciudadano deje a un lado la desconfianza y desasosiego que le produce el mundo judicial.