Hoy, más que nunca, estoy con la función pública. No voy a reiterar aquí la causa, tod@s la sabéis; esta breve entrada sólo pretende ser una pequeña reflexión que quiero compartir con vosotr@s.
He comenzado diciendo que "estoy con la función pública", lo que no es necesariamente sinónimo de estar "con el empleo público". Más bien pretendo distinguir correctamente ambas acepciones.
La expresión "empleo público" se ha convertido en la fórmula políticamente correcta de confundir el puro empleo, sindicalmente controlado, al servicio de la "Administración" (Empresas públicas, organismos varios...superfluos muchos), de la tradicional Función Pública, vinculada al mérito y a la capacidad.
Como escribía, hace un par de años, Manuel Hernández Iglesias, uno de los inevitables efectos colaterales de las crisis es la caza y captura de chivos expiatorios, y uno de los favoritos del imaginario popular y las élites políticas y económicas es el funcionariado.
Pero, desde un punto de vista político, lo preocupante (...) no es la demonización de los empleados públicos, sino la de la función pública misma. Es muy reveladora la tendencia a ensañarse precisamente con los funcionarios de carrera, es decir, con los que han obtenido un puesto de trabajo superando un concurso-oposición (y a menudo varios), que cobran salarios estrictamente fijados según la cualificación de su función (normalmente muy por debajo de la que correspondería en el sector privado) y que, en efecto, son inamovibles salvo por medio del oportuno expediente disciplinario (o sentencia judicial).
Esta descalificación del funcionario de carrera apunta precisamente a la yugular de uno de los rasgos esenciales del Estado democrático moderno: una función pública profesional e independiente del partido gobernante, cuyos trabajadores (y aspirantes a serlo) estén protegidos de la arbitrariedad clientelista de los gobernantes de turno. Y, además, es una cortina de humo que oculta el verdadero problema, que es más bien el contrario: el hecho de que, de las personas que trabajan en el sector público, cada vez somos menos (y digo 'somos' porque soy funcionario, y a mucha honra) los que realizamos tareas acordes con la cualificación que se nos exigió acreditar en un concurso-oposición. Y cada vez más los de libre designación o los directivos y empleados de fundaciones, empresas o 'entes' públicos, semipúblicos o que no se sabe muy bien ni qué son. O sea, los que ni han sido seleccionados por los procedimientos establecidos por la Constitución ni tienen sus salarios (¡y gastos!) sujetos a las limitaciones de los que sí lo han sido. Y eso sí que es un problema a la vez político, por lo que supone de degradación de la democracia, y económico, por el despilfarro que genera.
Sí, en el "sector público" queda mucho que recortar, pero no en el salario de un Secretario Judicial, un Tramitador o Gestor procesal...o un Juez, cuyo sueldo, ya no sólo no se corresponde con el cargo de responsabilidad que ostenta (qué sería de España sin los servidores públicos vocacionales...), sino que su sola comparación con la retribución de cualquier asesor o cargo de confianza debería provocar la dimisión de quien le colocó "digitalmente", si tuviera un mínimo de vergüenza.
En Breve.- Tras la elección de Gonzalo Moliner como nuevo presidente del C.G.P.J., los Vocales Azón, Montalbán y Robles adelantan en su comunicado que el Pleno ha acordado un programa de trabajo que regirá durante el mandato del nuevo presidente y que se centra en defender la independencia del poder judicial, asegurar la celebración de oposiciones, impulsar las reformas para la modernización de la Justicia y mejorar la imagen de los jueces ante la ciudadanía. También, recordaros que, tras la finalización del Proceso Selectivo correspondiente a la Convocatoria de 2011, han quedado más de 70 plazas sin cubrir, sin que, todavía, tengamos noticias de las "medidas de impulso político" para la Convocatoria de la Oposición que aprobó el Pleno del C.G.P.J. a instancia de la propuesta del Vocal Félix Azón. Seguiremos informando.
Las siete asociaciones de Jueces y Fiscales que componen la Comisión Interasociativa de Conflicto han pedido en una carta abierta al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que asuma un «compromiso real» en defensa de la Administración de Justicia ante el «ejercicio del poder por la vía de la imposición, sin consenso y sin diálogo», que atribuyen al Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón. 
